La insumisión letal del ´parany´

La lucha por paralizar la caza con parany, que las organizaciones ecologistas valencianas iniciaron con sus reivindicaciones en 1987 y en los tribunales a partir de 1994, se encuentra en punto muerto. Han ganado en los tribunales, pero, de momento, han perdido en la calle, en los secanos y los naranjales de Castelló, donde proliferan los paranys.

En un hecho insólito para la justicia española y para las instituciones europeas, miles de valencianos y catalanes siguen cazando cada otoño millones de aves con una trampa tan popular como mortal en la que, al menos un 20% de los pájaros que caen, pertenecen a especies protegidas. Contra eso luchan los ecologistas, dado que, con el parany es imposible controlar qué clase de aves caen atrapadas en la liga o visc hasta morir. De nada sirve que, en 2002, el Tribunal Superior de Justicia declarase ilegales los permisos que la Generalitat Valenciana siguió concediendo hasta ese mismo año; que el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas condenara a España en 2004 por permitir la caza con parany, o que, en un último punto y aparte, el Tribunal Supremo ratificara la ilegalidad de ese sistema al rechazar al recurso de casación presentado por la Generalitat. Según el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen), que junto a AE-Agró está entre los más activos en la lucha contra el parany, la respuesta a tanta insumisión consentida hay que buscarla en la "cadena de complicidades" que ha desembocado en la situación actual. En su batalla, los ecologistas están solos. En frente se encuentran Apaval, con miles de afiliados en Castelló, Cataluña y Aragón, el apoyo y la simpatía de poblaciones enteras y la complicidad de políticos de todo signo, que no dudan en expresar en público su apoyo a esta práctica ilegal, aunque quienes la practican rechacen este término e inviten, desde su página web, "a meditar sobre el valor contrastado y clásico, es decir, de raigambre helénica, que encierra la inocua práctica de este arte de caza". Frente a esta realidad -hasta la esposa del conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha resultado tener un parany activo en terrenos de su propiedad-- los ecologistas han elegido el camino del rigor y la paciencia. Cada año elaboran un amplio estudio que entregan a la Fiscalía, por si logra que los jueces actúen, ya no para suprimir el parany, sino contra los que supuestamente prevarican consintiendo su práctica. Tras comprobar que tener una sentencia favorable del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es casi como no tener nada, Gecen ha señalizado todos los paranys de Castelló. Sabe dónde están, si se caza o se va a cazar, y acumula datos para demostrar que ni la conselleria de Medio Ambiente ni la Guardia Civil persiguen adecuadamente esta práctica y se limitan, presuntamente, a aparentar que lo hacen. Gecen pone cada año estos datos a disposición de la Generalitat, pero sus denuncias no surten efecto. Quizá porque los agentes son enviados a los montes en las horas y días donde hay menor actividad en los paranys. El resultado es que el número de barracas aumenta pese a la ilegalización -458 en 2007 y 722 en 2008- y el número de sanciones disminuye. Los últimos episodios de esta batalla sin fin es la denuncia contra el director territorial de la Conselleria de Medio Ambiente en Castelló, Jorge Traver, y doce paranyers, imputados por un presunto delito contra el medio ambiente por la práctica de este sistema de caza y la petición a la Fiscalía para que determine si responsables de la Generalitat han cometido un delito de prevaricación "al negar la información que los agentes medioambientales precisan para poder cumplir las sentencias judiciales que prohíben la caza por el método del parany".

Fuente: Levante